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La Fundación Secretariado Gitano denuncia las inadmisibles políticas anti-gitanas del alcalde de Baia Mare (Rumania) y lamenta su reciente reelección[editar]

20 de Junio de 2012
FSG - Área de Igualdad

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Desde el Área de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, queremos manifestar nuestro profundo malestar por los lamentables sucesos acontecidos en la localidad de Baia Mare, Rumania, que consideramos una flagrante discriminación hacia la población gitana. Concretamente, el alcalde de Baia Mare, Catalin Chereches, decidió hace unas semanas el traslado de unas dos mil personas gitanas a una antigua planta química, conocida como la “fábrica de la muerte”. Se trata del mismo alcalde que ordenara la construcción, en julio de 2011, de un muro de dos metros que separa dos bloques de viviendas sociales, habitadas mayoritariamente por familias gitanas, del resto de la ciudad.

Desde la Fundación Secretariado Gitano consideramos lamentable que por parte de un dirigente político se pongan en marcha acciones discriminatorias de tal gravedad, que no sólo atentan contra la inclusión social de esta minoría étnica, sino que además vulneran directamente el derecho a la vida de estas personas, familias gitanas con un alto número de menores, que son obligadas a vivir en un lugar que no cumple con las condiciones mínimas de salubridad.

En este caso queda patente la vulneración de varios derechos humanos de esta minoría étnica; por un lado se adopta un traslado masivo que segrega a la comunidad gitana, ocasionando una discriminación indirecta prohibida en la Directiva 2000/43/CE. Por otro lado, se produce un atentado contra el derecho a la vida de las personas afectadas, dado que se realiza un traslado de un grupo de familias gitanas a una planta química, pudiendo verse afectado su estado de salud.

Por parte de la FSG solicitamos el cese inmediato de estas actuaciones que vulneran los derechos humanos de la comunidad roma/gitana. Hemos puesto en marcha un proceso de información y petición de apoyo a diversos organismos nacionales y europeos que trabajan por la defensa de los derechos fundamentales.

Además, apoyamos las medidas puestas en marcha por diversas entidades, entre las que se encuentra, Amnistía Internacional[1] quien ha realizado un seguimiento y difundido un comunicado sobre este caso, o la Plataforma de movilización ciudadana on-line Avaaz que ha puesto en marcha una recogida de firmas en contra de esta medida[2]. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también ha denunciado esta situación[3].

Finalmente, apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía que a través de procesos democráticos elige a sus dirigentes, que deben representar los intereses de todas las personas, incluidas las más vulnerables, y garantizar sus derechos. Es necesario realizar una profunda reflexión por parte de toda la sociedad, para lograr una Europa cohesionada y respetuosa con los derechos fundamentales.



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