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FSG informe Anual 2016
 
LA COMUNIDAD GITANA EN 2016

Una comunidad gitana marcada por la desigualdad y la discriminación

Según el Informe sobre España 2016, que publicó la Comisión Europea en el mes de febrero, “la pobreza y la exclusión social siguen cebándose de manera desproporcionada con la población gitana”. Así lo corrobora el estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicado en el mes de noviembre y basado en una encuesta de la Unión Europea sobre Minorías y Discriminación (EU-MIDIS II). Los resultados de este informe confirman que la enorme brecha existente entre personas gitanas y no gitanas demuestra que el origen étnico de las personas gitanas sí condiciona su situación de desigualdad y desventaja socio-económica.

Es en el ámbito de la educación y en el acceso al empleo donde la brecha es más evidente. La mayoría de los niños y niñas gitanas ni siquiera termina la educación secundaria obligatoria (la tasa de fracaso escolar entre el alumnado gitano es del 64%), un derecho fundamental. Y solo un 34% de las personas gitanas accede al mercado laboral por cuenta ajena (un 84% en el caso del conjunto de la población).

Un ámbito donde se constatan lentos avances es en la erradicación del chabolismo, un objetivo de la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana para 2020. El Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015, elaborado por la FSG y presentado en septiembre de 2016, revela el descenso en el número de personas gitanas que viven en entornos chabolistas (2,17%, frente a un 3,9% en 2007), pero el porcentaje de gitanos y gitanas que todavía viven en situación de infravivienda es del 8,63 %, lo que supone más de 9.000 familias gitanas.

La encuesta EU-MIDIS II añade información sobre un factor clave para entender esta situación de desigualdad: la discriminación. Según la FRA, “la comunidad gitana continúa sufriendo en Europa una discriminación intolerable”. Los resultados de la encuesta evidencian las enormes barreras que sufren las personas gitanas en el acceso al empleo, la educación, la sanidad o la vivienda. Pero, además, la mayoría de las personas gitanas no conocen la legislación que prohíbe la discriminación, ni entidades que puedan asistirles.

Avances en el reconocimiento institucional de la comunidad gitana

Si hay un día señalado para mostrar públicamente el reconocimiento a la comunidad gitana, es el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Un día que está adquiriendo gran notoriedad y al que se suman cada año más administraciones públicas e instituciones, en la que además de la tradicional Ceremonia del Río en Madrid, la Oficina del Defensor del Pueblo, partidos políticos, Comunidades Autónomas o ayuntamientos de toda España, celebran esta fecha.

Las entidades que forman parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano aprovechan esta oportunidad para mostrar una posición común respecto a determinados temas que afectan al conjunto de la población gitana. El 8 de abril de 2016 se lanzó la campaña “Telebasura no es realidad. Por un trato digno al pueblo gitano en los medios de comunicación”, una campaña de repulsa hacia programas de televisión que muestran una imagen estereotipada y caricaturesca de los gitanos, que tanto daño hace a la imagen social del conjunto de la comunidad gitana.

Una de las buenas noticias del año fue la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de incorporar la historia y la cultura del pueblo gitano en el currículo educativo, una decisión pionera e histórica que supone un claro reconocimiento a su identidad cultural, y que debería servir de ejemplo a otras Comunidades Autónomas. Contribuirá a mejorar el conocimiento sobre la comunidad gitana, a promover una imagen social más plural y diversa de las personas gitanas y permitirá superar muchos prejuicios y estereotipos negativos entre el alumnado y en el conjunto de la sociedad.

Un marco político débil y con recursos escasos

La comunidad gitana sigue estando ausente e invisibilizada en la agenda pública, lo cual se traduce en un marco político débil que apenas cuenta con liderazgo político y con unos recursos económicos cada vez más reducidos. La Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020 sigue sin traducirse en medidas concretas que supongan un avance en los ámbitos clave de desigualdad que afectan a la comunidad gitana. La falta de una verdadera estrategia y dirección política, y la desconexión de las políticas generales, impiden el desarrollo efectivo de medidas específicas. A ello hay que añadir la reducción del presupuesto del Programa de Desarrollo Gitano, que solo en parte queda compensada por la asignación de recursos europeos específicos para la inclusión de la comunidad gitana, a través del Fondo Social Europeo.

En 2016 se produjo un cambio de gobierno que ha traído consigo un cambio en la dirección política de la Estrategia a nivel estatal, que esperamos que se traduzca en un impulso político y un esfuerzo presupuestario a lo largo de esta legislatura.

Por otra parte, algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Galicia, lanzaron en 2016 sus propias estrategias o planes regionales de inclusión de la población gitana, una tendencia que debe generalizarse al conjunto de las regiones si realmente apostamos por un avance real de la comunidad gitana y cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional, que debe ser un compromiso del conjunto de las administraciones públicas.

A este contexto político hay que añadir la debilidad del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, un organismo de igualdad encargado de velar por la protección de las víctimas de discriminación racial o étnica y que, después de casi dos años sin presidencia, se mantiene inactivo.


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