20 de Noviembre de 2024
FSG Igualdad y Lucha contra la discriminación
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó sentencia el pasado 30 de septiembre en la que se declara que se vulneró el derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio en las actuaciones realizadas por el Comisionado para la Cañada Real y con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en noviembre de 2022. La sentencia no ha sido recurrida por ninguna de las administraciones, habiendo precluido el lunes pasado la fecha para interponer el recurso.
Estas actuaciones, consistentes en la demolición de una vivienda en la que residía un hombre gitano, se produjeron sin "un procedimiento administrativo que respaldase las actuaciones referidas”. Esto es, cumpliendo una decisión arbitraria del Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid y sin darle oportunidad alguna para ejercer sus derechos. Ese mismo día se derribaron un total de cuatro viviendas, en las que vivían distintas familias gitanas, aprovechando su ausencia durante unos días.
Esta sentencia es el resultado de un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales interpuesto con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano (FSG). Además, se ha establecido una indemnización a favor de la víctima afectada de 15.000 euros, por destruir el que era su hogar desde hacía más de una década.
Ya existía un precedente, pues en el año 2019, la Sala Segunda del TSJM reconoció, en otro litigio estratégico emprendido con el apoyo de la FSG, la vulneración del derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución en un caso muy similar, de derribo de una vivienda situada en la Cañada Real, en la que también residía una familia gitana con tres menores de 6, 4 y 1 año de edad en el momento de los hechos.
Desde la FSG celebramos esta nueva sentencia, que ha sido contundente a la hora de afirmar que los derribos no fueron realizados en cumplimiento de las atribuciones legales de la administración, pues no pueden ejercerse en contra de lo que dispone la Constitución y las leyes. Son prácticas absolutamente contrarias a la legislación y los derechos fundamentales que se producen en un contexto de discriminación estructural contra las personas gitanas, esto es, prácticas que no tienen lugar contra quienes pertenecen a la población mayoritaria.
Litigios estratégicos para contribuir a la defensa de los derechos fundamentales
Sara Giménez, directora general de la FSG, ha manifestado “que tiene la esperanza de que estas graves violaciones de derechos humanos, que ya hemos llevado ante los tribunales en dos ocasiones, no vuelvan a repetirse. Insistimos en que no se pueden derribar viviendas sin cumplir el procedimiento legalmente establecido y sin asegurar una alternativa habitacional, que además tiene como consecuencia la pérdida de su derecho al realojo. Recordamos que existe un Pacto Regional por la Cañada Real Galiana y unos convenios de realojo para las familias que allí residen, garantizando en definitiva el derecho a una vivienda digna y el resto de los derechos humanos”. En efecto, tal y como recalca Sara Giménez, "sabemos que erradicar el chabolismo en España no es caro, y además las autoridades competentes tienen a su disposición diversos instrumentos políticos y financieros; por tanto, la erradicación del chabolismo a corto plazo no solo es necesaria, sino posible”.
Este caso es fruto de la línea de trabajo de litigio estratégico que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano, con la que persigue sentar jurisprudencia e impulsar la aplicación de la ley en casos emblemáticos de discriminación y antigitanismo para generar cambios positivos en el disfrute de derechos por parte de las personas gitanas. En este caso, se ha contado con la colaboración de Gentium, organización conformada por juristas con especialización en la defensa de los derechos fundamentales de los colectivos más desprotegidos e infrarrepresentados.
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