12 de Diciembre de 2024
FSG
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado hoy en Madrid, en el Palacio de la Prensa, su 20º Informe anual “Discriminación y Comunidad Gitana” con el tema de fondo dedicado al análisis de los avances y retos de las políticas de lucha contra la discriminación y el antigitanismo en los últimos 20 años.
El informe incluye además los casos recogidos y atendidos por la FSG en 2023 (384 casos), los actuales litigios estratégicos emprendidos por la fundación, jurisprudencia del TEDH, buenas prácticas en la lucha contra la discriminación y un anexo de legislación y estudios sobre antigitanismo.
El acto fue inaugurado por Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano y Ana Redondo García, ministra de Igualdad, quienes valoraron los avances de estas últimas dos décadas en materia de igualdad de trato y no discriminación. Sara Giménez destacó el compromiso de la FSG en esta materia con la creación del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación en el año 2015 y su labor como entidad coordinadora del Servicio de Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica del CEDRE.
Asimismo intervinieron agentes clave en la lucha contra la discriminación: Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado; Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo del Ministerio de Igualdad; Tomás Fernández Villazala, jefe de servicio de la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior; Pastori Filigrana, abogada y activista por los derechos humanos; y la directora de Comunicación del diario Público María José Pintor, quienes aportaron diferentes enfoques sobre las políticas de lucha contra la discriminación: desde la perspectiva de la Fiscalía, de los servicios policiales, del ministerio de Igualdad, de la defensa jurídica de casos de antigitanismo, y de los medios de comunicación, respectivamente.
El acto continuó con una mesa dedicada a escuchar los testimonios de víctimas de discriminación antigitana que han sido acompañadas por la FSG en los últimos años, en litigios estratégicos de éxito en esta materia. Estos testimonios sirvieron para entender el impacto personal y colectivo de este tipo de actos discriminatorios antigitanos en las personas y en las familias gitanas y la importancia de litigar en estos casos con un buen acompañamiento legal de las víctimas.
El acto fue clausurado por Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y patrono de la FSG.
En el informe de este año se recogen 384 casos de discriminación y antigitanismo, en los siguientes ámbitos: en malas prácticas de los medios de comunicación e internet, con un total de 63 casos; en las redes sociales, con un total de 136 casos, muchos de ellos discursos de odio muy graves contra las personas gitanas; en el acceso al empleo, con 32 casos; en acceso a bienes y servicios, con 65 casos; en los servicios policiales, con 11 casos; en educación, con 27 casos; en vivienda, con 28 casos; en salud, con 9; y en otros (entre los que se incluyen los casos más extremos de delitos de odio), con 13 casos. El informe también recoge estadísticas de la evolución de los casos por ámbitos de estos últimos 20 años, con un total de 4.608 casos de discriminación recogidos y atendidos por la FSG desde 2004.
Conclusiones del Informe
En cuanto a la denuncia de los casos, desde la FSG se constatan dos tendencias aparentemente contradictorias. Por una parte, se aprecia una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar los casos, y un mayor interés en la defensa de sus derechos humanos. Pero, por otra parte, a pesar de exponer los casos y buscar apoyo, en muchas ocasiones las personas que han sufrido estos incidentes no quieren realizar ninguna acción de queja o denuncia: sigue habiendo cierta desconfianza en las autoridades y las instituciones del Estado a la hora de llevar a cabo acciones de denuncia o de iniciar procedimientos judiciales.
Las sentencias positivas en los casos de litigio estratégico sirven de aliciente y desencadenan procesos más activos para la denuncia. Desde la FSG se ha reforzado el trabajo en el litigio estratégico, llevando ante los Tribunales más casos de discriminación y de odio antigitano, y aportando una defensa jurídica sólida y un acompañamiento integral a las víctimas en todo el procedimiento judicial.
Al igual que otros años, también se han encontrado muchos casos de discriminación interseccional, en los que además del origen étnico gitano han interferido otras situaciones de vulnerabilidad de las víctimas. El género es uno de los condicionantes de discriminación interseccional más habitual; en efecto, las mujeres gitanas enfrentan barreras sociales muy complejas, por lo que necesitan una atención y acompañamiento especializados. Por otro lado, son relevantes y alarmantes los casos de discriminación interseccional antigitana en los niños y niñas, adolescentes y las personas con discapacidad sobre todo en el ámbito de la educación. El Informe recoge 31 casos de discriminación interseccional.
Finalmente, en el Informe se destaca que la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación en el año 2022 ofrece un marco de protección frente a la discriminación más amplio. Ahora bien, la FSG lamenta que estos avances normativos no se estén aplicando de manera totalmente efectiva, dado que no se ha creado todavía la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, a pesar de haber transcurrido dos años desde que acabara el plazo de seis meses que estipulaba la ley para su creación.
Financiadores
Esta publicación se financia con el programa del 0,7% de actividades de interés general consideradas de interés social, IgualTrato, por la no discriminación de las personas gitanas (cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus / Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030).
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