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FSG informe Anual 2015
 
LA COMUNIDAD GITANA EN 2015

Si bien la situación socio-económica de la comunidad gitana en España, y su proceso de inclusión, ha mejorado considerablemente si la vemos en perspectiva histórica de los últimos 30 años, y especialmente si la comparamos con otros países europeos, las condiciones de vida de muchas familias gitanas se han visto golpeadas por los efectos de la reciente crisis. Casi 14 millones de personas viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España, según el Informe de la EAPN publicado en 2015 “El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009 – 2014”, que muestra un empeoramiento generalizado de la situación social desde 2009, especialmente en aquellos casos, como la comunidad gitana, que ya estaban afectados por pobreza y exclusión previamente, y que han quedado invisibilizados por los efectos de la crisis.

Esa falta de visibilidad y relevancia pública se traslada igualmente al escenario político. 2015 ha sido un año de numerosas citas electorales, donde lamentablemente la causa gitana ha quedado en un segundo plano, con apenas menciones por parte de los partidos políticos y sin objetivos estratégicos de calado en los programas electorales. Sin embargo, el escenario político resultante, especialmente en el caso de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, es esperanzador, respecto a la progresiva incorporación de personas gitanas en las listas electorales de las distintas fuerzas políticas y, en muchos casos, su incorporación a la vida política y a la gestión pública como parte de la ciudadanía activa. Una señal de normalidad.

El papel del movimiento asociativo gitano

Este año la celebración del 8 de abril dio continuidad a la colaboración de los últimos años entre las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG) en este Día Internacional del Pueblo Gitano, ya institucionalizado en prácticamente toda España, con actos de celebración y reconocimiento, y que, en esta ocasión, sirvió para lanzar una potente campaña de sensibilización contra la Real Academia Española de la Lengua por la acepción de “trapacero/a” del término “gitano/a”. Una campaña que movilizó a la opinión pública, sumando aliados a la causa más allá de la propia comunidad gitana. Esta acción de reivindicación, que tuvo su continuidad en otras actuaciones conjuntas de las entidades del CEPG, dio como resultado la revisión por parte de la RAE de dicha acepción, calificándola como “uso ofensivo o discriminatorio”, cumpliendo, solo en parte, las demandas del movimiento asociativo gitano, pero demostrando la fuerza de esa colaboración.

En esa línea se enmarca el proyecto de colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano y la Plataforma de entidades gitanas Khetané, que aúna a una gran parte de las asociaciones y federaciones gitanas de España. Esta iniciativa pionera dentro del movimiento asociativo gitano supuso la puesta en marcha conjunta de un proyecto centrado en construir alianzas con los medios de comunicación para combatir la mala imagen social de la comunidad gitana y luchar contra la discriminación. Una iniciativa que se tradujo en la organización conjunta de 11 seminarios con medios de comunicación en distintas localidades de España y con una valoración final por parte de ambas entidades muy positiva, demostrando que existen causas compartidas.

Un movimiento asociativo gitano que, por otra parte, va creciendo y renovándose, incorporando nuevos perfiles y mostrando la diversidad de la comunidad gitana. Un ejemplo de estas experiencias es Aire Nuevo Caló, una entidad creada en 2015 por jóvenes gitanos y gitanas procedentes de distintos puntos de la geografía española, que comparten experiencias a partir de un programa de participación juvenil puesto en marcha por la FSG y que ahora emprenden su camino con el objetivo de ser un espacio de referencia para la juventud gitana que ha ido rompiendo barreras a través de la continuidad en los estudios y alcanzando niveles académicos altos. Un nuevo espacio de participación y de ciudadanía activa para la comunidad gitana.

Recursos europeos que contribuirán
al cumplimiento de medidas políticas nacionales

En un año, como decíamos antes, en el que la crisis continuó causando estragos en muchas familias gitanas, los recortes presupuestarios supusieron un nuevo golpe en ámbitos clave de desarrollo e inclusión como las prestaciones sociales, la educación pública o la sanidad. Pero, además, en 2015 se produjo, de nuevo, una drástica reducción del presupuesto asignado al Plan de Desarrollo Gitano, los recursos específicos de la administración pública dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana. Una decisión difícil de entender cuando los datos de situación de las personas gitanas demuestran una clara desventaja socioeconómica, que hace muy difícil el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020.

Ese recorte en los presupuestos específicos para la población gitana se vio compensado con la buena noticia de que España, en el proceso de aprobación de los nuevos Programas Operativos del Fondo Social Europeo 2014-2020, utilizará la oportunidad que ofrece la nueva Prioridad de Inversión (9.2.) específica para la comunidad gitana, lo que significa que se mantendrá, o incluso incrementará, el apoyo de los fondos europeos para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional. Una oportunidad que no solo se utilizará en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, de ámbito estatal, sino que también utilizarán algunas CCAA dentro de sus propios Programas Operativos.

El pleno reconocimiento
del antigitanismo en la Unión Europea

2015 ha sido el año en el que las instituciones europeas han reconocido formalmente la existencia del antigitanismo como forma específica de discriminación hacia la comunidad gitana, visibilizando así el daño y el impacto que causa sobre las personas gitanas. En el mes de abril el Parlamento Europeo aprobó una importante Resolución sobre la necesidad de combatir el problema del antigitanismo en Europa y hacer uso de todos los instrumentos y mecanismos habilitados para ello. Además de insistir en el enfoque legislativo, la resolución reconoce el hecho histórico del genocidio del pueblo gitano que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho poco conocido y al que quiere otorgar una mayor visibilidad institucional.

La lucha contra el antigitanismo fue el tema central de la 9ª Plataforma Europea para la Inclusión Gitana, organizada por la Comisión Europea. Y, de nuevo, el Parlamento Europeo aprobó otra Resolución en el mes de noviembre sobre “Política de Cohesión y Comunidades Marginadas”, en la que reconoce el carácter transversal del antigitanismo. La Comisión, por su parte, inició en 2015 un procedimiento de infracción contra Eslovaquia, como lo hizo en 2014 contra la República Checa, por su política de segregación escolar contra los niños y niñas gitanas. Pasos importantes que no deben quedarse en meros gestos formales, sino sentar precedentes sancionadores ejemplarizantes.

En 2015 hubo igualmente sentencias condenatorias hacia prácticas discriminatorias contra la comunidad gitana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Hungría por no investigar un ataque racista contra un hombre gitano; y, por primera vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en una sentencia una acción discriminatoria por origen étnico, condenando a una empresa búlgara.

Todo ello en un año en el que un nuevo Eurobarómetro sobre Discriminación confirmó la fuerte implantación del antigitanismo en la Unión Europea. Esta macroencuesta demostró lo que ya se conocía desde hace tiempo como un grave problema: el fuerte rechazo de una parte importante de la población europea hacia la comunidad gitana, quien, junto con la comunidad musulmana, es el grupo social más discriminado.

Un escenario que requiere, sin duda, de acciones legales contundentes, medidas políticas efectivas y recursos adecuados, tanto en el ámbito europeo como nacional, para combatir esta grave situación de discriminación contra la comunidad gitana que impide el ejercicio de derechos básicos.


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