09 de Marzo de 2015
FSG
El Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) 2014-2020 tiene como objetivo financiar medidas de los países de la UE para proporcionar asistencia material a los más necesitados. La asistencia consiste básicamente en ayuda alimentaria, y debe ir acompañada de medidas de inclusión social, como orientación y apoyo para sacar a esas personas de la pobreza.
Dicho Fondo es, por tanto, una medida general para combatir la extrema pobreza, no es una acción específica dirigida a la población gitana que requiera recabar información de su impacto sobre un grupo específico. El hecho de que el Reglamento Delegado de la Comisión Europea (1255/2014) para el desarrollo de la norma incluya como indicador de resultado relativo a la ayuda alimentaria distribuida la pertenencia a la minoría gitana, presupone que un buen número de familias gitanas son receptoras de dicha ayuda y obliga a las personas solicitantes a acreditar su condición étnica para recibirla. La recogida de la identidad étnica solo se puede hacer con el consentimiento y la libre voluntad de la persona, y en ningún caso puede ser un requisito para percibir la ayuda.
Entendemos que, si bien en algunos países puede ser de interés recoger este indicador, en el caso de España no solo no es necesario, sino que puede convertirse en un obstáculo para acceder a dicha ayuda, y es aún más incoherente, si cabe, cuando en el Programa Operativo español no se recoge a la población gitana específicamente como población objetivo de dicha ayuda.
Desde la Fundación Secretariado Gitano entendemos que la inclusión de la identificación étnica, un dato personal de especial protección, como requisito para acceder a una ayuda pública es innecesario. Además, la vinculación directa que establece entre las personas en situación de pobreza extrema receptoras del FEAD y las familias gitanas refuerza aún más la estigmatización que sufre la comunidad gitana.
Entendiendo la buena voluntad de la Comisión Europea en este caso, consideramos, sin embargo, que se trata de un dato irrelevante para su finalidad, dada la naturaleza de la ayuda, y que conlleva numerosos riesgos. Si lo que se pretende es conocer en qué medida la población gitana accede a dichas ayudas, existen métodos indirectos de saberlo sin necesidad de utilizar registros de identidad étnica en la ficha individual de cada beneficiario/a.
Defendemos la necesidad de comprobar si existen barreras en el acceso de la población gitana a bienes y servicios públicos por su condición étnica, pero en este caso, la vinculación entre población gitana y extrema pobreza puede producir un efecto perverso en la imagen social de la población gitana y contrario al que se busca.
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