31 de Enero de 2013
FSG
Más allá de esta medida, la FSG sigue reclamando una solución integral a la situación de vulnerabilidad en la que viven las familias que residen en uno de los mayores asentamientos de infravivienda del país.
En la Cañada existe una realidad social compleja, un entorno sin servicios básicos, donde los vecinos sufren graves situaciones de vulnerabilidad social a consecuencia de la falta de recursos, bajos niveles educativos y formativos, además de riesgos de salud y seguridad. Esta situación se ha visto agravada por la indefensión permanente ante la amenaza de derribos, algunos de ellos incluso sin órdenes judiciales.
Rocío García, directora territorial de la FSG en Madrid, confía en que la decisión del ayuntamiento madrileño abra un periodo constructivo para las distintas administraciones públicas, para los vecinos y las entidades, un periodo para escuchar propuestas, negociar y velar por los intereses de los vecinos y vecinas y las particularidades de los distintos sectores que componen la Cañada. “Esperamos que la Cañada se convierta en el barrio que cualquier ciudadano quiera para él y su familia y se busquen soluciones a la complejidad del entorno, desde el punto de vista urbanístico y social, con medidas que garanticen los derechos de las familias”, asegura.
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