Fundación Secretariado Gitano

Ante la emergencia social que están viviendo muchas familias gitanas, es urgente que las ayudas comprometidas por el Gobierno ante la crisis del Covid-19 lleguen ya a las personas y barrios más vulnerables [editar]

• Incidencia y defensa de derechos
• Estatal

Desde la Fundación Secretariado Gitano dimos la bienvenida al paquete de medidas sociales que aprobó el Gobierno el pasado 14 de marzo; diez días después, pedimos urgencia en la aplicación de esas medidas ante la emergencia social y la desprotección que están viviendo muchas familias en los barrios más vulnerables.

Ante la previsión del impacto social de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y, sobre todo, por la situación generada por el estado de alarma y la paralización de prácticamente toda actividad económica, desde la Fundación Secretariado hicimos llegar a las distintas administraciones públicas (locales, autonómicas y estatales) la necesidad de abordar de manera prioritaria la situación de las familias que se encuentran en una situación de pobreza extrema, como muchas familias gitanas (el 46% de las personas gitanas vive en extrema pobreza), o que residen en asentamientos o zonas altamente degradadas, sin las condiciones sanitarias ni servicios públicos mínimos (más de 9.000 familias gitanas viven en infraviviendas).

Nuestras “Propuestas de medidas de urgencia para la población gitana más afectada por el Coronavirus” (17 marzo) buscaban proteger social y sanitariamente a las familias gitanas más vulnerables. Pero ahora mismo, y tras diez días desde la aprobación del paquete de ayudas sociales, nos preocupa la situación de emergencia sociosanitaria que están viviendo muchas familias gitanas en asentamientos segregados y barrios  altamente vulnerables; estamos hablando de unas 47.000 personas que en estos momentos carecen de los alimentos y productos básicos para la subsistencia. Familias que, en buena parte y contrariamente a lo que se piensa, no cuentan con ningún ingreso de renta mínima o prestación social (solo 1 de cada 4 familias gitanas perciben una prestación social), con el agravante de que en ellas hay muchos menores en situación de pobreza (el índice de pobreza infantil en la comunidad gitana es de un 89%), y a las que todavía no están llegando las ayudas, ni de tipo alimentario ni monetario, comprometidas por el Gobierno.

Puesto que la crisis del Coronavirus está teniendo un impacto mayor en las personas que ya tenían una situación más vulnerable (personas mayores, personas sin hogar, familias en situación de pobreza extrema… ), la prioridad en el reparto de ayudas y distribución efectiva de recursos debe ir orientada a las personas y barrios más vulnerables. Por eso, reclamamos al Gobierno que, a partir del paquete de medidas sociales aprobado en el R.D.-Ley 8/2020 de 18 de marzo, establezca estas prioridades y las transmita a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, responsables últimos del reparto y distribución de la ayuda, de manera que en los próximos días estas familias cuenten con los alimentos y productos  necesarios.

Entendemos la saturación de los Ayuntamientos y de los Servicios Sociales en estos momentos, y por ello, pedimos también a las administraciones públicas que cuenten con las entidades sociales que trabajamos en el día a día con las personas más vulnerables, que conocemos su situación y sus necesidades, y que promueva el establecimiento de mecanismos de colaboración entre los Servicios Sociales y las ONG especializadas para apoyar estos procesos (informando de la situación de las familias en situación más crítica, facilitando la tramitación de ayudas, orientando a las familias sobre recursos disponibles, etc. ), conjuntamente, si es necesario, con la Unidad Militar de Emergencia (UME) o Protección Civil para el reparto de ayuda. Desde la Fundación Secretariado Gitano hemos ofrecido todo nuestro apoyo y el esfuerzo de nuestros equipos a las administraciones para servir de puente y canalizar la información y apoyo a las más de 30.000 personas gitanas con las que trabajamos anualmente.

Pedimos a las administraciones públicas,  por tanto:

• urgencia en la aplicación de las medidas sociales aprobadas por el Gobierno y de aplicación por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos;
• establecimiento de prioridades, con el foco puesto en las personas y barrios más vulnerables, y que estas orientaciones se transmitan con celeridad a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos;
• y que cuenten con las entidades sociales para apoyar estos procesos.