23 de Junio de 2023
FSG
El pasado 9 de junio se celebró la Vista Oral en el Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Teruel por un recurso que presentó la propietaria de unos terrenos en el barrio de Pomecia contra el Ayuntamiento de Teruel, para que cumpliera con el Decreto 1574/2011, declarado firme mediante Decreto 1025/2018, por el cual se ordenaba la demolición de 26 viviendas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en el barrio.
Desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) se abordó este procedimiento como uno de sus litigios estratégicos más importantes puesto que afectaba a 96 personas, entre las que se encontraban 31 niños y niñas, menores de edad y 14 personas con alguna discapacidad o enfermedad crónica. La práctica totalidad eran personas gitanas y en situación de vulnerabilidad.
La FSG se personó en el procedimiento como parte interesada, en base a sus principios fundacionales y sus objetivos prioritarios entre los que están la promoción del acceso a una vivienda digna y la defensa de los derechos de la población gitana. En el procedimiento participaron 22 abogados y abogadas de oficio que se adhirieron al escrito de oposición de la FSG, que presentó Rafael Cid, representante de Gentium, entidad de defensa de los derechos humanos. Rafael Cid manifestó que “La sentencia sitúa los derechos humanos en el centro del debate jurídico que se pretendía fuera de naturaleza exclusivamente urbanística, a pesar de que la estimación del recurso de la recurrente hubiera supuesto dejar en la calle a más de 90 personas con diferentes vulnerabilidades. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Único de Teruel ha asumido así la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de varios Comités de Naciones Unidas, que exige la realización del denominado ‘análisis de proporcionalidad’, en virtud del cual una decisión urbanística que puede tener un impacto grave en los derechos más básicos de las personas afectadas debe venir precedida de un estudio de vulnerabilidad y de otros factores relevantes que debe llevar en muchos casos a la no ejecución de la decisión urbanística, en particular en aquellos casos en los que no existe una alternativa habitacional adecuada”.
El 15 de junio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 dictó sentencia por la cual desestimaba la pretensión de la recurrente, que hubiera implicado dejar en la calle a 26 familias gitanas, basándose principalmente en la prolongada y tolerada permanencia de las familias en el barrio de Pomecia, de su situación de vulnerabilidad y de la necesidad de un juicio de proporcionalidad previo, teniendo en cuenta la inexistencia de alternativa habitacional para realojar al elevado número de familias.
Desde la FSG celebramos la sentencia y en este sentido, Isabel Jiménez, representante de la Fundación Secretariado Gitano, ha reconocido que “Esta sentencia tiene una gran trascendencia para la comunidad gitana, puesto que garantiza el derecho que estas familias que viven en la Pomecia desde hace décadas tengan un procedimiento con todas las garantías, que garantice su derecho a una vivienda digna para estas familias en situación de vulnerabilidad, que pertenecen a un colectivo estigmatizado y con ciertas necesidades específicas”.
Precisamente la FSG ha publicado recientemente un estudio que desvela que el 92% de las personas que viven en asentamientos chabolistas y de infravivienda pertenece a minorías étnicas, siendo la mayoría personas gitanas, un indicador de racismo estructural. Por ello, desde la FSG se espera que la sentencia sirva para que las autoridades aborden esta problemática y se garantice el derecho a una vivienda digna.
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