23 de Julio de 2010
Amnistía Internacional insta al presidente francés Nicolás Sarkozy a trabajar para combatir la discriminación de la población gitana e itinerante en Francia tras el anuncio hecho el miércoles de que mantendrá una reunión especial para abordar “problemas relacionados con el comportamiento de parte de la población gitana e itinerante en Francia y decidir sobre el cierre de todos los asentamientos irregulares”.
El anuncio del presidente Sarkozy llegó tras una violenta protesta de itinerantes que tuvo lugar en Saint-Aignan, en el Valle del Loira, originada después de que un policía dispara a un joven itinerante que, según se informa, rechazó dejar el asiento de pasajeros de un coche cuando le fue solicitado.
“Estamos preocupados con la reacción del presidente francés sobre este tipo de incidentes tan específicos que pueden aparecer y perpetuar estereotipos negativos sobre la población gitana e itinerante en general. Las autoridades francesas deberían estar más atentas, en cambio, a cómo combatir la discriminación legal y social que sufre la población gitana, asegurándose de que se lleven a cabo investigaciones minuciosas e imparciales tanto sobre las circunstancias de los disparos como de cualquier ofensa derivada de su respuesta", dijo David Diaz-Jogeix, director de programas de Amnistía Internacional (AI) para Europa y Asia Central.
Según AI, alrededor de 400.000 itinerantes (gens du voyage) franceses están sujetos a exigencias discriminatorias, como tener que presentarse periódicamente ante la policía o la obligación de estar empadronado en un municipio durante un mínimo de tres años para tener derecho a voto. Los itinerantes también afrontan la falta de espacios autorizados para acampar que les permitan mantener sus modos de vida tradicionales y sus profesiones.
Actualmente, se estima que alrededor de 20.000 personas gitanas de Europa Oriental y Central residen en Francia, muchos de ellos en campos no autorizados. AI, por tanto también, insta a las autoridades francesas a respetar la normativa internacional en cualquier desahucio de población gitana e itinerante. Los desalojos, aún cuando sean de asentamientos ilegales, “sólo deberían darse si se han agotado todas las alternativas y tras consultar a todos los residentes afectados y analizar la oferta de alojamiento adecuado alternativo”.
"Nadie debería convertirse en persona sin techo como consecuencia de un desahucio estos no deben, de ninguna manera, realizarse para alentar a las personas migrantes a dejar el país", según Diaz-Jogeix.
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